Estos días vivimos en un período extraño en la política española tras la fragmentación que supusieron los comicios del pasado 20 de diciembre. Es período de cambio tras el agotamiento de un sistema caduco (o régimen, como dicen algunos)  que tienen su origen en el final la dictadura franquista. Es esta la razón por la que, bajo el nombre de Segunda Transición, inicio una serie de artículos sobre los retos que el estado español ha de afrontar bajo mi perspectiva para superar esta crisis institucional, acuciada por la neativa coyuntura económica y social. Una época en la que las transformaciones son necesarias, siempre bajo el paraguas de un amplio consenso. Y una de esos nuevos retos es el que representa la defensa de los derechos de los trabajadores, y más concretamente de las organizaciones sindicales.

Este fin de semana ha tenido lugar la renovación del secretario general de UGT, dejando a Cándido Méndez en paro, pues llevaba en el cargo desde hace no sé sabe cuándo. Sin lugar a dudas, desde que comenzara la crisis económica en 2008, los sindicatos han sufrido un desprestigio notable en la sociedad. Muchas veces este desprestigio ha venido desde los medios de comunicación de la derecha, incluso desde la política, pero muchas otras se trata de una consecuencia que los mismos se han ganado a pulso, al no saber adaptarse a las necesidades de quienes dicen defender: los trabajador@s.

Hace mucho que estos se convirtieron en maquinarias burocráticas, financiados básicamente con dinero público, que lejos de defender los derechos de la mayor parte de  los trabajadores y trabajadoras, se ha volcado en exclusiva a defender una especie en extinción: el trabajador con contrato indefinido. Así pues, para los sindicatos actuales la precariedad solo existe en relación a estos, dejando de lado la verdadera precariedad: los trabajadores temporales, los falsos autónomos, o lo parados, entre otros. Los verdaderos precarios: la mayor parte de la población activa. Esto se refleja en la baja sindicación a los mismos, y con ello, una menor implicación de los sindicatos en la lucha por los derechos de los trabajadores en general.

Se trataría que estos fueran financiados en exclusiva por los trabajadores, tal y como ocurre en muchos países nórdicos. Para ello, se podría establecer una sindicación libre, pero obligatoria.

Una solución a este problema se solucionaría con una menor dependencia, por no decir nula,  de los ingresos de estado. Se trataría que estos fueran financiados en exclusiva por los trabajadores, tal y como ocurre en muchos países nórdicos. Para ello, se podría establecer una sindicación libre, pero obligatoria. Es decir, que los trabajadores tuvieran la obligación de destinar un porcentaje de su nómina a un sindicato o colegio profesional, según el caso, siempre respetando la privacidad de esta elección. De este modo, los sindicatos, al no depender de las subvenciones del estado, se preocupararían de los verdaderos problemas de sus afiliados. Quizá este sea un cambio que una próxima reforma constitucional podría recoger. Mientras, los españoles y españolas tendrán que conformarse con ese politburó que son los sindicatos actuales, y los cuales sufragan de forma indirecta. Porque una vez más, parece que pagamos para nada.