Etiquetado: Constitución

Segunda Transición (ii): Madrid DF

Han pasado más de 100 días desde las elecciones, y seguimos sin gobierno. Parece que tras la Semana Santa se avista algún pequeño cambio en las negociaciones entres las autodenominadas fuerzas del cambio. Puede que éstas hagan posible un ejecutivo antes del próximo 2 de mayo. Mientras la élite política sigue debatiendo y el estado sigue descabezado, con un gobierno en funciones que sigue jugando a su ritmo fuera de prórroga, parecen inevitables determinadas reformas que se avistan necesarias desde hace años. Una de ellas es el estatus de capitalidad de la Villa de Madrid, algo que la actual alcaldesa, Manuela Carmena, ha reclamado en más de una ocasión.

Si bien en derecho comparado el estado autonómico actual se puede considerar un estado federal, en el papel está configurado como un estado federal imperfecto, y entre las imperfecciones está la situación de la capital. En la actualidad, los madrileños tenemos que cargar con los gastos añadidos de seguridad e infraestructuras, entre otros, que supone ser la capital del reino. Pero no sólo eso, factores como la especulación urbanística o la gentrificación que su sufre la ciudad por su posición, hacen, por ejemplo, que los madrileños vean incrementado sus gastos básicos, como el de la vivienda, así como una diáspora del centro al extrarradio de la ciudad.

Ciudadanos y PSOE llevan en su programa una reforma constitucional que haga posible una estructura federal del Estado. Esa reforma debería de dotar un estatus especial a la ciudad de Madrid, creando un distrito federal exclusivo, donde los habitantes de la misma no tengamos que cargar con los costes que generan la capitalidad, así como la implementación de medidas compensatorias como un incremento salarial, como ocurre en otras capitales del mundo, tales como Londres. Todo ello, si en la futura reforma se mantiene Madrid como capital del estado. Esperemos que sí, aunque con estos políticos nunca se sabe.

 

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Segunda Transición (i): Los sindicatos

Estos días vivimos en un período extraño en la política española tras la fragmentación que supusieron los comicios del pasado 20 de diciembre. Es período de cambio tras el agotamiento de un sistema caduco (o régimen, como dicen algunos)  que tienen su origen en el final la dictadura franquista. Es esta la razón por la que, bajo el nombre de Segunda Transición, inicio una serie de artículos sobre los retos que el estado español ha de afrontar bajo mi perspectiva para superar esta crisis institucional, acuciada por la neativa coyuntura económica y social. Una época en la que las transformaciones son necesarias, siempre bajo el paraguas de un amplio consenso. Y una de esos nuevos retos es el que representa la defensa de los derechos de los trabajadores, y más concretamente de las organizaciones sindicales.

Este fin de semana ha tenido lugar la renovación del secretario general de UGT, dejando a Cándido Méndez en paro, pues llevaba en el cargo desde hace no sé sabe cuándo. Sin lugar a dudas, desde que comenzara la crisis económica en 2008, los sindicatos han sufrido un desprestigio notable en la sociedad. Muchas veces este desprestigio ha venido desde los medios de comunicación de la derecha, incluso desde la política, pero muchas otras se trata de una consecuencia que los mismos se han ganado a pulso, al no saber adaptarse a las necesidades de quienes dicen defender: los trabajador@s.

Hace mucho que estos se convirtieron en maquinarias burocráticas, financiados básicamente con dinero público, que lejos de defender los derechos de la mayor parte de  los trabajadores y trabajadoras, se ha volcado en exclusiva a defender una especie en extinción: el trabajador con contrato indefinido. Así pues, para los sindicatos actuales la precariedad solo existe en relación a estos, dejando de lado la verdadera precariedad: los trabajadores temporales, los falsos autónomos, o lo parados, entre otros. Los verdaderos precarios: la mayor parte de la población activa. Esto se refleja en la baja sindicación a los mismos, y con ello, una menor implicación de los sindicatos en la lucha por los derechos de los trabajadores en general.

Se trataría que estos fueran financiados en exclusiva por los trabajadores, tal y como ocurre en muchos países nórdicos. Para ello, se podría establecer una sindicación libre, pero obligatoria.

Una solución a este problema se solucionaría con una menor dependencia, por no decir nula,  de los ingresos de estado. Se trataría que estos fueran financiados en exclusiva por los trabajadores, tal y como ocurre en muchos países nórdicos. Para ello, se podría establecer una sindicación libre, pero obligatoria. Es decir, que los trabajadores tuvieran la obligación de destinar un porcentaje de su nómina a un sindicato o colegio profesional, según el caso, siempre respetando la privacidad de esta elección. De este modo, los sindicatos, al no depender de las subvenciones del estado, se preocupararían de los verdaderos problemas de sus afiliados. Quizá este sea un cambio que una próxima reforma constitucional podría recoger. Mientras, los españoles y españolas tendrán que conformarse con ese politburó que son los sindicatos actuales, y los cuales sufragan de forma indirecta. Porque una vez más, parece que pagamos para nada.

Unidad popular para los tiempos que vienen

Javier Olano

El consenso ha muerto. Por si acaso quedaba alguna duda tras un período marcado por la desafección política, y culminado con la abdicación exprés del jefe del estado que alentó el actual sistema, los resultados de las elecciones catalanas han supuesto su certificado de defunción. Lejos del debate sobre la soberanías nacionales, se corrobora la idea de que el sistema actual ha de cambiarse. Si los dos años de la Pepa se hicieron cortos, los casi treinta de la Constitución del 1978 se están haciendo eternos, imponiendo una «democracia», que no representa la diversidad de los españoles.

Pensada para un período de transición, la Constitución instauró un sistema monárquico, tras un período de más de cuarenta años con una jefatura de estado no dinástica, y parlamentario, sostenido gracias a la articulación de un sistema electoral propugnado en en propio texto (en su artículo 68), y desarrollado en una ley electoral, siempre pactada por las dos principales fuerzas, que toma como base la circunscripción provincial. El resultado: un sistema de gobierno estable consolidado en la base de un bipartidismo imperfecto, sin primarias internas, que menoscaba la representación real de la ciudadanía.

Lejos de lo que el nacionalismo español interesadamente ha traslado históricamente, el sistema electoral actual solo premia a la primera y segunda fuerza estatal, a quienes sobrerrepresenta, y siendo las fuerzas regionales, las más justamente representadas. Las terceras fuerzas y siguientes a nivel estatal sufren una infrarrepresentación, que se constata en el número de votos necesarios para conseguir un escaño. El salto de segunda a tercera fuerza es notoriamente escandaloso, como han mostrado la situación de las formaciones IU y UPyD.

¿Qué consecuencias trae este bipartidismo imperfecto? El sistema, heredero del régimen franquista, con una derecha sólida y unida, hace que la mayor parte de la población, de clase trabajadora, se encuentre infrarrepresentanda. Sus preocupaciones están constantemente sometidos a debates infértiles, como los relativos sobre la identidad nacional o la corrupción, propiciados por un sistema mediático bajo control absoluto de la derecha, que forzará constantemente la confrontación de las fuerzas, y consiguiente fragmentación. El resultado: una izquierda sin objetivo claro, que no representa a los ciudadanos. Una desafección política, cuyo culmen se encontraría en el giro del gobierno de Zapatero en 2010 en plena crisis económica, propiciando fuertes recortes sociales en nuestro débil estado de bienestar.

La mayoría infrarrepresentada ha de tener voz en este próximo proceso constituyente, no puede dejarse que otros tomen la voz por nosotros.

¿Por qué una CUP? Una candidatura de unidad popular se presenta como la única solución posible en un momento clave y decisivo para la sociedad española. Madrid y Barcelona, en circunscripciones únicas, y regiones distintas, han mostrado como la unidad promovida por la ciudadanía puede traer el cambio al sistema. Nos enfrentamos a un período en el que un proceso constituyente es necesario, y a diferencia de 1978, más que actores políticos en sí,  se requiere una participación del ciudadano. La mayoría infrarrepresentada ha de tener voz en este proceso, no puede dejarse que otros tomen la voz por nosotros. Por ello, una CUP ha de ser la herramienta para cambiar el sistema. Una CUP no es un movimiento social, no es un partido político, y sobre todo, no es algo con vocación de permanencia. Es algo más, es una herramienta por la que los ciudadanos de una sociedad plural y democrática se van a unir puntualmente para un objetivo común: cambiar el sistema. La ciudadanía no es un todo, por ello, el sistema resultante ha de fruto de estas distintas identidades para poder darnos de un marco de igualdad social, pluralidad,  justicia y democracia acordes a una sociedad moderna.

Es ingenuo quién piense que esto es fruto del 15M. El 15M tuvo su lugar en espacio mediático, pero fue derrotado en la calle, en las urnas. Nos ayudó a abrir los ojos. Era cuestión de tiempo. El 15M tuvo un problema: a las plazas acudían individuos independientes, cada uno con sus intereses y objetivos. Nos ofrecían la imagen del problema, pero ninguna solución. Por eso no funcionó: no era el reflejo de una sociedad moderna y organizada que tiene afrontar problemas sociales, solo era la constatación de los mismos. Una CUP va mucho más allá, significa una espacio para unir a toda la ciudadanía en aras de lograr un objetivo común: evitar un gobierno del PP, y cambiar el sistema actual. Partidos, movimientos sociales (los de siempre, no los pseudomovimientos: ecologismo, feminismo, activismo LGTBI), sindicatos. La CUP tiene que ser una gran plaza que los reúna a todos, a todos los actores que representan a una población infrarrepresentada en los órganos de decisión del estado: el Congreso. Un plaza llena de actores multiplica la presencia ciudadana. El sistema quiere la sociedad cuestionemos, en base a una tematización mediática, los pilares de nuestra sociedad: los partido no valen, los sindicatos tampoco, los asesores menos… Quieren una sociedad de individuos sin fuerza. No les podemos dejar que lo hagan. Surgen así propuestas populistas como la que propugna Ciudadanos de que el poder judicial ha de autorregularse de forma corporativa. ¿Cómo podría una sociedad democrática dejar uno de los poderes básicos del estado sin el sustento de la soberanía popular? Lo moderno es que pudiéramos elegir a los jueces directamente como en EE. UU..

La solución no está en lo nuevo, hay que pensar vintage. 

Ahora todos enfrentan lo nuevo con la viejo, bajo el dogma simplista de que lo nuevo es bueno, y lo viejo es malo. Ingenuo quién así lo piense. Solo hay que hacer un breve repaso a lo largo de la Historia. Ingenuos lo que piensen que la Humanidad ha evolucionado algo desde hace miles de años. Lo nuevo no es lo asambleario, la gente no quiere volver al neolítico. Lo nuevo tampoco es el líder chamánico. Tampoco tecnócratas al servicio de un despotismo elitista, la emancipación de la clase obrera hace años que tuvo lugar.  La gente quiere algo muy simple que este sistema no le ofrece: estar representada lo más justamente posible en los órganos decisorios de la sociedad.   Con eso se conforma. Ni listas abiertas, ni asambleas: por favor, no piensen por la gente. La solución no está en lo nuevo, hay que pensar vintage.

Otra de las grandes ocurriencias de los últimos días es la posibilidad de una coalición PP-PSOE contra la que luchar. No nos confundamos, aunque ambos se comporten similar, su alma es diferente y contrapuesta. La existencia de uno, está sostenida en la del otro. Son las dos caras de una misma moneda. Son como el ying y el yang del sistema. Dicen: ¡Mirad en Alemania! España, lejos de parecerse a Alemania, es mucho más comparable con Francia. En Alemania gobierna una gran coalición, sí, pero ¿cómo? Dividido hasta 1991 en dos estados, uno capitalista y otro socialista, la dirigente del partido de derechas, CDU, casualmente procede de la RDA, mientras que la socialdemocracia del SPD, de la RFA. Parece que está coalición obedece a otros intereses no extrapolables a España, que cualquiera que conozca los pormenores del país germano sabrá. Por ello, no nos engañemos, en el actual escenario político español, en el que urge una reforma constituional, las opciones de un futurible gobierno tras el 20 de diciembre son muy limitadas, a saber:

  • PP+Ciudadanos ¿+PSOE en un proceso constituyente sistémico conservador?
  • PSOE+Ciudadanos
  • PSOE+Podemos híbrido
  • PSOE+Ciudadanos+Podemos híbrido ¿+PP en un proceso constituyente sistémico progresista?
  • ¿CUP+PSOE?¿+Ciudadanos+PP en un proceso constituyente real?

Parece que el PSOE, inestimablemente, será un aliado de cualquier CUP que aglutine a la izquierda. Ellos son los valedores de esa «izquierda mediática». Sin embargo, como parte del sistema, el PSOE actual no está legitimado para comenzar el cambio. Es parte del problema, aunque también de la solución, pero no con la vara de mando. El PSOE será el perfecto escudero de una CUP que logre imponerse como primera o segunda fuerza, pero como caballero, la ciudadanía está abocada a la perpetuación del sistema. Su reforma constitucional del art. 135 CE junto con el PP, la reforma laboral o su visto bueno a la abdicación exprés del jefe del Estado, así lo atestiguan. La función del PSOE ha de ser similar a la del PCE en la Constitución del 1978.

La ciudadanía ha lanzado un mensaje claro: quiere de la política coherencia y representación, por lo que este sistema no sirve, y la única fórmula posible para cambiarlo, bajo las reglas del juego establecidas por la ley electoral, es convertirse en una fuerza alternativa en el mismo. Algo que solo se logra mediante la unidad. Fórmulas como Ahora en Común suponen el espacio idóneo para que esta unidad adopte una forma, con unas primarias abiertas a la ciudadanía, y abierta del mismo modo a todas las fuerzas, siempre y cuando su estructura se mantenga neutral y ecuánime, como la gran plaza en la que cabemos todos. Además, la coherencia en política requiere de algo material, así como claridad, y la claridad, de transparencia. Y esto no consiste en bombardear a una población sobreinformada con datos y comparativas, sino en decir las cosas como en el bar, y hacerlas con la misma buena fe que  cualquier asunto doméstico. Sólo así podremos salir todos juntos a la «plaza» para lograr la unidad popular.